Según fuentes de su propia
familia, una persona presa, varón, vecino de Gipuzkoa, apareció el
pasado día 8 de febrero de 2014 muerto en su celda en la prisión de
Burgos. Se trata de M.V.E., de 22 años de edad, que ya había
protagonizado anteriormente algún intento de suicidio. Este hecho
luctuoso, no notificado y ocultado por Instituciones Penitenciarias,
representa una nueva crónica de muertes anunciadas en las cárceles tal y
como hemos venido denunciando. No podemos olvidar que se trata del
tercer preso vasco que ha aparecido muerto en una prisión estatal en el
último mes, entre el 12 de enero y el 8 de febrero.
Ésta muerte se suma a la otras dos personas, un vecino de Bizkaia,
que apareció el pasado día 12 de enero de 2014 ahorcado en su celda
también en la prisión de Burgos, era J.G.R., de 25 años de edad, que
pronto iba a cumplir el tiempo de la condena por la que se encontraba
recluido en prisión. La tercera fue la de B.B.A. vecino de Elorrio, de
36 años de edad, quien después de 13 años en prisión también iba a
cumplir su condena y recuperar su libertad el mes de mayo, apareció
muerto en su celda en la prisión de Puerto de Santa María I, el 5 de
febrero de 2014.
¿Nueva ejecución extra-judicial en las cárceles españolas? Esta nueva
muerte en extrañas circunstancias representa una nueva y macabra
ejemplificación de la crónica de muertes anunciadas en las cárceles. No
podemos olvidar que tenemos constancia de la existencia de más de 38
personas muertas por motivos no naturales durante los cuatro últimos
años en las cárceles ubicadas en la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra o
de personas vascas presas residentes en Euskadi muertas en otras
prisiones del sistema penitenciario español.
Queremos denunciar la sistemática política de ocultamiento de estas
muertes de las que no se facilita ningún tipo de información pública,
como parte de la estrategia de impunidad ante las muertes no naturales
que está acabando con la vida de estos jóvenes en el seno de
instituciones públicas con las que mantienen una relación de sujeción
especial y cuyo derecho a la salud y a la vida depende única y
exclusivamente de las mismas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se ocultan
estas muertes? ¿Por qué no se exigen responsabilidades o al menos se
investigan? ¿Ocurriría lo mismo si las víctimas fueran otras? ¿Se pueden
tolerar impunemente estas muertes en el seno de una institución del
estado como es el sistema penitenciario?
Nos preocupa la nula iniciativa de actuación por parte de las
autoridades judiciales competentes para esclarecer las circunstancias de
estas muertes por causas no naturales, en su gran mayoría de personas
jóvenes que no lo olvidemos mantienen una relación de sujeción especial
con la administración del estado y, éste, tiene la obligación de
garantizar entre otros, su derecho a la vida. Esta situación es
inaceptable, sobre todo cuando la mayoría de esas muertes podrían
evitarse, simplemente, con la aplicación estricta de la actual legalidad
vigente.
Una vez más preguntamos a la Dirección General de Prisiones, al
Ministerio de Interior y al Gobierno cómo va a terminar con esta
terrible situación. Nos preguntamos cuántas muertes han ocurrido
realmente, quiénes eran los muertos, cuales fueron las causas, qué
medidas preventivas se establecieron, por qué no se excarceló a personas
en avanzado estado de enfermedad, por qué las condiciones de vida en
general y sanitarias en particular empeoran, que está haciendo con
respecto a el hacinamiento, cómo es posible que haya tantas personas
presas con enfermedades mentales graves y la gran mayorías de ellas sin
diagnóstico ni tratamiento, por qué no cumple su propia legalidad cuando
esta lo es en beneficio de la persona presa y se excede en su
cumplimiento cuando lo es en su perjuicio... son demasiadas las
preguntas sin responder.
Para acabar con estas muertes reclamamos medidas concretas tales como:
Que el Ministerio Fiscal no se inhiba e investigue de oficio estas
muertes la mayoría de ellas en extrañas circunstancias, tal y como le
corresponde, para el esclarecimiento de las circunstancias y motivos las
mismas, con le fin de depurar las responsabilidades políticas,
administrativas y penales que se desprendan de estos hechos.
La inmediata excarcelación de las personas presas gravemente
enfermas, en especial aquellas en fase terminal, así como las que
padezcan enfermedades mentales que en muchos casos suponen la inducción
al suicidio. Estas personas necesitan unos cuidados y un seguimiento
médico incompatibles con la cárcel que en muchas ocasiones es genera
problemas de desequilibrio y enfermedad mental.
La inmediata reforma de la legislación penal y penitenciaria que
alarga innecesariamente las condenas y restringe el acceso a permisos de
salida, tercer grado y libertad condicional que son las formas de
cumplimiento más acordes con el objetivo final que la ley otorga a las
penas privativas de libertad y que contribuyen a disminuir la presión y
mal trato psicológico que sufren las personas presas.
La reducción del número de reos hasta la capacidad óptima de cada
prisión para evitar la actual masificación, que aunque no es el único,
si es uno de los motivos que influye en estas muertes, así como el
cumplimiento de las condenas en la el centro más cercano al lugar
habitual de residencia.
El final de los regímenes de incomunicación y aislamiento. Estos
espacios de impunidad para torturas y/o malos tratos, son a la vez son
espacios de riesgo para la aparición y/o agravamiento de determinadas
enfermedades mentales, lo que significa que, de por sí, el aislamiento
es una tortura psicológica a erradicar.
SalHaketa Araba
Tenemos
constancia de la existencia de más de 38 personas vascas muertas por
motivos no naturales durante los cuatro últimos años en las cárceles
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